Diputadas van por pena de prisión contra funcionarios que filtren fotografías, videos sobre víctimas de violencia
Altavoz Noticias
Avanza en comisiones de la Legislatura mexiquense la “Ley Ingrid” que va por sancionar a funcionarios que filtren o compartan fotos y videos de víctimas en el Estado de México con 3 a 7 años de prisión, propuesta por la diputada Luzma Hernández (Morena).
Refiere que cuando las víctimas de este delito sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o persona en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta en una mitad más de la que le corresponda.
El documento señala que los funcionarios públicos de las áreas de Salud, la Fiscalía, Seguridad municipales o estatal, entre otros, que a través de sus redes sociales u otros medios, difundan, entreguen, publiquen o transmitan, distribuyan, o videograben, reproduzcan, expongan, filmen las fotografía o compartan este material gráfico, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares, se les impondrá una sanción de tres a siete años de prisión y multa de 300 a 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
¿Qué artículos reformará esta propuesta?
La propuesta de reforma al Artículo 227 Bis y adición a la fracción XVI del Artículo 335 del Código Penal del Estado de México, planteada por Luzma Hernández Bermúdez, tiene como finalidad frenar “filtraciones” de imágenes y videos de víctimas y, en su caso, sancionar a todas aquellas personas que lo hagan.
“Cuando en la comisión de este delito participen servidores públicos de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, procuración y administración de justicia, o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo, cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionada con un hecho delictivo, se le impondrá de tres a siete años de prisión y multa de trescientas a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito”, indica el ordenamiento jurídico.
¿Dónde surge la Ley Ingrid?
Es importante indicar que a ésta propuesta se sumó una iniciativa similar presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), que también contemplan sanciones a funcionarios públicos y toda persona que incurra en la referida conducta.
Es así que en el caso de las personas que realicen programas preventivos, educativos o informativos (periodistas) que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, no serán sancionados por el desempeño de su trabajo profesional.
La adecuación a los referidos artículos del Código Penal estatal, identificada como “Ley Ingrid”, surge a partir de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación del feminicidio de Ingrid “N” “N” registrado en 2020 en la Ciudad de México, y aunque ya había sido avalada por el Congreso mexiquense en julio de 2021 y publicada en Gaceta de Gobierno estatal en el mes de agosto de ese mismo año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto, y es así que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso e invalidó la reforma al argumentar que se trataba de un tipo penal ambiguo.
