Un reporte al C5 alertó a la policía sobre un grupo armado que ingresó a la administración de la Central
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Nacional (GN) llevaron a cabo una movilización en la Central de Abasto de Toluca, debido a un reporte anónimo en el que señalaron que un grupo de personas armadas habían ingresado a las oficinas administrativas; no obstante, al llegar los uniformados no encontraron indicios del armamento señalado, aunque no se les permitió el acceso a unas oficinas.
Según los informes policiacos, antes de las 08:00 horas recibieron una alerta a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), en el que describieron que hombres armados habían tomado las oficinas de la administración.
Policías estatales y agentes federales acudieron al lugar y no tuvieron problemas para acceder a la Central de Abasto y dirigirse a las oficinas administrativas donde fueron recibidos por José Reséndiz Pérez, quien dijo ser el administrador y lo comprobó con un poder notarial.
El titular de la administración permitió a las autoridades realizar una inspección en las oficinas y al personal que se encontraba en ese lugar, 10 hombres y tres mujeres, quienes no portaban armas de fuego, aunado a que en el recorrido que hicieron no hallaron indicios de armas; no obstante, en su reporte los policías señalaron que no se les permitió entrar a todas las oficinas.
¿Por qué hay temor en la Central de Abasto de Toluca?
Aún hay desconfianza y temor por parte de los comerciantes de la Central de Abasto de Toluca, luego de que el pasado 10 de julio murieron nueve personas, entre ellas tres menores de edad, en un incendio provocado en la zona conocida como “La Isla”.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a nueve personas como probables responsables de estos hechos, entre ellos Pascual “N”, quien era el titular de la administración, así como Mateo “N”, quien se desempeñaba como encargado de la seguridad de la Central.
Los detenidos permanecen bajo prisión preventiva hasta que se defina su situación legal, y es que la hipótesis con mayor fuerza es que el Consejo Administrativo pretendía sacar a los comerciantes de esa zona para instalar otros locales y quemaron los dormitorios para poder deshacerse de los comerciantes, lo cual terminó en tragedia.
